Esa cifra viene de un solo grupo de presión y llega ahí contando la educación de niños ciudadanos estadounidenses como costo de la inmigración ilegal, y luego acreditando los impuestos de esos mismos ciudadanos a otra cuenta.

La cifra viene del estudio de FAIR de 2023: $182 mil millones en costos brutos, menos $31 mil millones en impuestos, para un neto de $150.7 mil millones. Su rubro más grande son $78 mil millones en educación básica, y ese rubro cubre a 5.4 millones de niños ciudadanos estadounidenses, la mayoría nacidos aquí, que tienen derecho a educación pública bajo Plyler v. Doe igual que cualquier otro niño del país.

Eso produce una regla contable que no se puede aplicar de forma consistente. Un niño nacido en EE. UU. de padres indocumentados se carga al balance migratorio mientras está en la escuela; los impuestos que esa misma persona pague durante los siguientes cuarenta años se acreditan al balance ciudadano. Costo de un lado, ingreso del otro, el mismo ser humano. Los economistas además tratan la educación de un niño como una inversión que devuelve mayores ingresos e impuestos, no como dinero quemado.

Luego está el lado de los ingresos. El estudio reconoce $31 mil millones en impuestos pagados. ITEP, midiendo la misma población, encontró $96.7 mil millones. La revisión del Cato Institute concluyó que el informe exagera costos, subestima ingresos, infla el tamaño de la población, cuenta a ciudadanos estadounidenses como inmigrantes ilegales y usa un método de estimación que la literatura revisada por pares rechaza. Todos los grupos aquí nombrados tienen una postura política, y por eso mismo el método importa más que el titular.