Las Academias Nacionales revisaron toda la investigación disponible y encontraron poca evidencia de que la inmigración afecte de forma significativa el empleo de los trabajadores nacidos en el país, y un efecto muy pequeño en los salarios a largo plazo.

La revisión definitiva es The Economic and Fiscal Consequences of Immigration de las Academias Nacionales de Ciencias, un estudio de varios años realizado por un panel de economistas. Sus conclusiones: hay poca evidencia de que la inmigración afecte significativamente los niveles generales de empleo de los trabajadores nacidos en el país, y medido en diez años o más, el efecto sobre los salarios es muy pequeño.

Donde sí aparecen efectos negativos, recaen principalmente sobre inmigrantes anteriores —los trabajadores más sustituibles por los recién llegados— y sobre trabajadores nacidos en el país sin diploma de preparatoria. Ese es un costo real que sufre un grupo real, y es un argumento a favor de un salario mínimo más alto, sindicatos más fuertes y estándares laborales exigibles. No es un argumento de que 6 millones de trabajadores sean la razón del estancamiento salarial.

Los propios empleos cuentan la historia. Los trabajadores indocumentados son el 13.7 por ciento de la construcción y el 12.7 por ciento de la agricultura; en el trabajo de cosecha, al menos el 40 por ciento de la fuerza laboral ha sido indocumentada durante treinta años seguidos. Las ocupaciones principales son obreros de construcción, personal de limpieza y cocineros. No son empleos que se le estén quitando a nadie: son empleos que quedan vacantes al salario ofrecido cuando se saca a esos trabajadores.

A nivel macroeconómico la dirección no es ambigua. La Oficina de Presupuesto del Congreso proyectó que el aumento reciente de la inmigración añadiría $8.9 billones al PIB en una década y reduciría el déficit federal en unos $900 mil millones.