Ya se probó. Secure Communities revisó el estatus migratorio de todas las personas arrestadas por la policía local en más de 3,000 condados, y no produjo ningún efecto observable en la delincuencia.

Esta es una de las raras preguntas de política pública con un experimento natural limpio. Secure Communities se implementó condado por condado a lo largo de varios años, lo que permitió a los investigadores comparar lugares que ya lo tenían con lugares que aún no. Thomas Miles y Adam Cox estudiaron esa implementación en más de 3,000 condados, usando conteos de detenidos obtenidos por solicitudes de información, y publicaron el resultado en el Journal of Law and Economics: ningún efecto observable en las tasas de delincuencia. Ni en homicidio, ni en violación, ni en robo, ni en agresión agravada.

Se ha replicado. Otro equipo —Treyger, Chalfin y Loeffler— encontró la misma nada. Los estudios sobre 287(g), el programa que convierte a policías locales en agentes migratorios, llegan al mismo lugar: un documento de trabajo de Cato y un estudio financiado por el NIJ no hallaron reducciones estadísticamente significativas en delitos violentos ni contra la propiedad.

La falla del mecanismo no es un misterio. Estos programas atrapan sobre todo a personas detenidas por faltas menores e infracciones de tránsito, no a los delincuentes violentos con los que se venden. Y hacen que testigos y víctimas inmigrantes teman llamar a la policía, lo que resta seguridad pública exactamente al mismo ritmo al que la aplicación de la ley supuestamente la suma.