Los inmigrantes indocumentados pagaron $96.7 mil millones en impuestos en un año, incluidos $34 mil millones a Seguro Social, Medicare y desempleo, programas de los que la ley les prohíbe cobrar.

El Institute on Taxation and Economic Policy calculó las cifras de 2022: $96.7 mil millones, de los cuales $59.4 mil millones fueron al gobierno federal y $37.3 mil millones a estados y municipios. Eso equivale a unos $8,889 por persona indocumentada al año. El impuesto sobre las ventas en la caja no pregunta por estatus. Tampoco el impuesto predial incluido en la renta, y el impuesto sobre la nómina se retiene automáticamente a cualquiera que trabaje en la nómina formal.

La parte que debería cerrar la discusión: más de un tercio de ese dinero financia programas que tienen prohibido usar. $25.7 mil millones en impuestos al Seguro Social, $6.4 mil millones a Medicare, $1.8 mil millones al seguro de desempleo. El Actuario Principal de la Administración del Seguro Social estimó que los fondos fiduciarios recibieron unos $12 mil millones más de trabajadores no autorizados de lo que pagaron en un solo año, y que alrededor de $100 mil millones entraron a lo largo de una década: dinero que sostiene silenciosamente un programa del que esos trabajadores nunca recibirán un cheque.

En 40 estados, los inmigrantes indocumentados pagan una proporción mayor de sus ingresos en impuestos estatales y locales que el uno por ciento más rico de los hogares de ese mismo estado.

Y esa contribución está limitada a propósito. ITEP estima que otorgar permiso de trabajo a las personas que ya están aquí aumentaría sus pagos de impuestos en $40.2 mil millones al año, hasta $136.9 mil millones. El dinero se está dejando sobre la mesa deliberadamente.