No pueden votar, y prácticamente ninguno lo hace. Financian al gobierno con $96.7 mil millones al año y no tienen voz en él, que es precisamente el agravio que fundó este país.

Votar en una elección federal siendo no ciudadano ya es un delito federal bajo 8 U.S.C. § 1015 y 18 U.S.C. § 611. Además destruye cualquier caso migratorio: convierte a la persona en deportable e inadmisible de forma permanente, y la descalifica para naturalizarse algún día. El castigo por un voto es perder el país. Nadie cambia su vida aquí por una sola boleta.

Así que la única pregunta es si ocurre de todos modos, y es una de las preguntas más auditadas de la política estadounidense. El Brennan Center encuestó a funcionarios que supervisaron 23.5 millones de votos en la elección de 2016, concentrándose a propósito en las jurisdicciones con más población no ciudadana. Encontraron 30 incidentes sospechosos: 0.0001 por ciento. Cuarenta de las 42 jurisdicciones no reportaron ninguno.

Las auditorías estatales llegan siempre al mismo lugar. El Secretario de Estado republicano de Georgia auditó los 8.2 millones de votantes registrados y encontró 20 no ciudadanos en el padrón —uno de cada 400,000— de los cuales solo nueve habían votado alguna vez. La auditoría de Ohio remitió 138 casos. Iowa gastó $250,000 investigando y presentó cargos contra 10. Son errores de redondeo en elecciones que se deciden por millones.

El hallazgo real es el otro. Los inmigrantes indocumentados pagan $96.7 mil millones al año en impuestos federales, estatales y locales, incluidos el Seguro Social y Medicare que tienen prohibido cobrar. Financian las escuelas, las carreteras y la oficina del sheriff, y no pueden votar por ni un solo funcionario que decida cómo se gasta nada de eso, ni por quien decide si se llevan a su familia. Aquí, impuestos sin representación no es una metáfora. Es el arreglo.